La discreción de los jueces
Un fallo de la Suprema Corte prohibe un castigo obligatorio en ciertos casos juveniles
PUBLICADO: Jun, 30, 2012 12:00 am EST
Jun 30, 2012 12:00 am EST
Entre las numerosas decisiones dadas por la Suprema Corte de Justicia esta semana se destaca un fallo, que devuelve a los jueces la discreción para decidir el castigo en casos en que el acusado es un menor de edad.
Creemos básicamente que las leyes que establecen condenas obligatorias para ciertos delitos atan de manos a los magistrados. Esto les impide evaluar las condiciones propias de cada caso, al decidirse con antelación -y por ley- cuál es castigo, en vez de dejarlo a la evaluación del juez a cargo del juicio que conoce el caso en detalle. La situación es aun peor cuando el procesado es un juvenil.
Sin embargo, el combate a la delincuencia siempre ha sido una causa políticamente popular, que ha llevado a la intromisión legislativa de quitarle la autoridad al juez. El fin es garantizar castigos ejemplares, que muchas veces es una injusticia porque no corresponden con las particularidades del caso.
Por ejemplo, la ley federal, y la de 26 estados de la Unión Americana, ordenan una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los menores de edad convictos de homicidio. Por fortuna, esta legislación fue derogada el lunes pasado por el ajustado margen de 5-4 que suele dividir al Alto Tribunal.
¿Es necesario que un joven de 15 años de edad convicto de homicidio sea condenado automáticamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra?
No, no lo es. Pero el veredicto tampoco impide que un juez emita esta condena si la considera apropiada para el delito cometido. Lo importante es que los jueces tengan la discreción de hacerlo o de emitir dar una condena menor considerando los atenuantes del caso.
Este fallo es consecuente con otros similares del Alto Tribunal como el que excluyó a los menores de edad de la pena de muerte y el que prohibió la condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a los menores culpables de delitos que no involucran a un asesinato.
Los críticos de la decisión dicen que esta dejará que los asesinos regresen a la calle para seguir matando. Esta es una exageración de quienes desconfían de los jueces y creen que un legislador en su banca tiene más conocimiento para dar una condena en un caso que el juez que dirigió ese proceso.
La decisión es un triunfo de la justicia que anula otra intromisión política de la legislatura en áreas que no deben ser de su incumbencia como establecer la obligatoriedad de condenas.
Creemos básicamente que las leyes que establecen condenas obligatorias para ciertos delitos atan de manos a los magistrados. Esto les impide evaluar las condiciones propias de cada caso, al decidirse con antelación -y por ley- cuál es castigo, en vez de dejarlo a la evaluación del juez a cargo del juicio que conoce el caso en detalle. La situación es aun peor cuando el procesado es un juvenil.
Sin embargo, el combate a la delincuencia siempre ha sido una causa políticamente popular, que ha llevado a la intromisión legislativa de quitarle la autoridad al juez. El fin es garantizar castigos ejemplares, que muchas veces es una injusticia porque no corresponden con las particularidades del caso.
Por ejemplo, la ley federal, y la de 26 estados de la Unión Americana, ordenan una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los menores de edad convictos de homicidio. Por fortuna, esta legislación fue derogada el lunes pasado por el ajustado margen de 5-4 que suele dividir al Alto Tribunal.
¿Es necesario que un joven de 15 años de edad convicto de homicidio sea condenado automáticamente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad bajo palabra?
No, no lo es. Pero el veredicto tampoco impide que un juez emita esta condena si la considera apropiada para el delito cometido. Lo importante es que los jueces tengan la discreción de hacerlo o de emitir dar una condena menor considerando los atenuantes del caso.
Este fallo es consecuente con otros similares del Alto Tribunal como el que excluyó a los menores de edad de la pena de muerte y el que prohibió la condena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a los menores culpables de delitos que no involucran a un asesinato.
Los críticos de la decisión dicen que esta dejará que los asesinos regresen a la calle para seguir matando. Esta es una exageración de quienes desconfían de los jueces y creen que un legislador en su banca tiene más conocimiento para dar una condena en un caso que el juez que dirigió ese proceso.
La decisión es un triunfo de la justicia que anula otra intromisión política de la legislatura en áreas que no deben ser de su incumbencia como establecer la obligatoriedad de condenas.
