Cuba permitirá la visita de emigrados “ilegales”

El Gobierno de Castro normalizará sus relaciones con los cubanos que viven en el exterior por medio de la actualización de la reforma migratoria que entrará en vigor en enero de 2013

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Esa medida también regirá para profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que “desertaron” en los años noventa.

Esa medida también regirá para profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que “desertaron” en los años noventa.

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PUBLICADO: Oct, 25, 2012 12:00 am EST Oct 25, 2012 12:00 am EST print article
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La Habana - Cuba normalizará la “entrada temporal" en la isla de los emigrados que considera “ilegales”, incluidos médicos y deportistas que desertaron o abandonaron el país en los años noventa, dentro de la actualización de la reforma migratoria que entrará en vigor en enero de 2013.
 
El secretario de Consejo de Estado de Cuba, Homero Acosta, anunció en la noche de ayer nuevas medidas relacionadas con los emigrantes, una noticia que los medios oficiales recogen hoy pero que ha quedado eclipsada por el paso del huracán “Sandy” por el este del país.
 
De forma adicional a la reforma migratoria divulgada hace unos días, el Gobierno de Cuba permitirá las visitas de quienes emigraron ilegalmente pero después de los acuerdos de La Habana y Estados Unidos de 1994 -cuando Washington se comprometió a conceder al menos 20,000 visas anuales a cubanos- y si hace más de ocho años de su abandono del país.
 
Esa medida, con idéntico plazo de ocho años desde el abandono del país, también regirá para profesionales de la salud y deportistas de alto rendimiento que “desertaron” en los años noventa.
Por razones de defensa y seguridad nacional, no se podrán acoger a esa medida quienes salieron de la isla a través de la Base Naval de Guantánamo.
 
El Gobierno de Raúl Castro ampliará también las causas de repatriación de emigrados ilegales en casos como los que tenían menos de 16 años cuando dejaron la isla o los que decidan regresar para hacerse cargo de familiares desvalidos.
 
Según Acosta, uno de los objetivos de la actualización migratoria en Cuba es “favorecer las relaciones con la emigración cubana, que con el paso del tiempo ha cambiado” al pasar de ser “eminentemente política en los primeros años de la Revolución” a otra motivada por “razones económicas”.
 
La reforma migratoria de Cuba, destacó, es una “decisión soberana” y no responde a “presiones” o “imposiciones"- “Cuba no busca con ellas un certificado de buena conducta”, dijo.
 
El Gobierno del general Castro ha insistido en que desea normalizar sus relaciones con los cubanos que viven en el exterior y que apuesta por una emigración “legal, segura y ordenada”.
 
En el año 2011, según datos oficiales, viajaron a Cuba más de 400,000 cubanos residentes en el exterior, de los cuales 300,000 residían en Estados Unidos.
 
En su comparecencia televisiva de anoche en el canal estatal, Acosta reprochó a quienes critican que Cuba no permitía salir al extranjero a sus ciudadanos y aseguró que entre los años 2000 y 2012 se concedió el llamado permiso de salida (que quedará eliminado con las nuevas leyes migratorias) al 99,4% de los que lo solicitaron.
 
En ese periodo, añadió, viajaron fuera de Cuba por motivos particulares 941,953 personas de las que 120,275 no regresaron a la isla.
 
Del total de viajeros 156,068 eran graduados universitarios y de ellos el 10% no volvió a Cuba, cifras que para Acosta confirman “que la gran mayoría de los cubanos que viajan al exterior regresan al país”.
 
La nueva legislación migratoria de la isla entrará en vigor a partir del 14 de enero de 2013 y, entre otras medidas muy esperadas por la población, suprime los llamados “permisos de salida” y la conocida como “carta de invitación”.
 
De este modo, los cubanos residentes en la isla podrán viajar sólo con su pasaporte corriente actualizado, cuya concesión sin embargo las autoridades pueden denegar por razones de “interés público”, o de “defensa y seguridad nacional”.
 
La reforma migratoria mantiene limitaciones para los viajes al exterior de cuadros directivos, profesionales de la salud o la educación y atletas que sean “vitales” para el país, con el objetivo de defenderse del “robo de cerebros”.
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