Juez permite que policías cuestionen estatus migratorio

El magistrado Richard Gergel aprobó en Carolina del Sur que agentes puedan verificar la identidad de los detenidos bajo la ley de inmigración estatal SB20

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Grupos defensores de inmigrantes tratan de parar una legislación en Carolina del Sur que permite a los agentes del orden público cuestionar la situación migratoria si existe una

Grupos defensores de inmigrantes tratan de parar una legislación en Carolina del Sur que permite a los agentes del orden público cuestionar la situación migratoria si existe una "sospecha de que es un indocumentado".

Foto: AP
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Alexandra Vilchez/EFE

PUBLICADO: Nov, 15, 2012 12:00 am EST Nov 15, 2012 12:00 am EST print article
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Charlotte (Carolina del Norte) - Un juez federal en Carolina del Sur decidió hoy permitir a los agentes de la Policía verificar el estado migratorio de los detenidos bajo la ley de inmigración estatal SB20, pero mantuvo bloqueada otras previsiones.
 
 
En un fallo de 16 páginas, el magistrado Richard Gergel basó su decisión de dar luz verde a la polémica sección conocida como “muéstreme sus papeles” en línea con la dictamen de la Corte Suprema del pasado mes de junio con respecto a la SB1070 de Arizona.
 
 
Gergel mantuvo bloqueada esa parte de la ley de Carolina del Sur desde el mes de diciembre de 2011, unos días antes de que la legislación entrara por completo en vigor en enero de este año, pero luego anunció que “reconsideraría” su decisión debido al anuncio del tribunal superior.
 
 
Aunque los agentes del deber local podrán cuestionar el estatus migratorio de un detenido por otra infracción, incluso menor, si existe “sospecha” de que se encuentra indocumentado, el juez advirtió a las autoridades que no tolerará violación a los derechos civiles de los individuos.
 
 
“Abro la posibilidad de analizar situaciones que se presenten a raíz de la práctica y procesos asociados con la implementación de esta sección de la ley”, escribió Gergel en su fallo.
 
 
El magistrado mantuvo el bloqueo de otras cláusulas polémicas de la SB20 como la referente a la obligación de las personas de portar sus documentos migratorios y la que convertiría en un delito el transporte de personas indocumentadas.
 
 
Para Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Applessed, que ha estado envuelta desde el inicio de las demandas contra la ley, la decisión de hoy del magistrado fue “muy justa”.
 
 
“Lo que más nos complace es que el juez nos abrió la posibilidad de impugnar la ley basada en la forma que se aplica”, explicó la abogada a Efe.
 
 
En audiencia el martes pasado, Gergel mostró preocupación por los 81 minutos que podrían tomar a las autoridades locales de Carolina del Sur para establecer la situación legal de la persona durante una detención por una infracción estatal.
 
 
“Unos 38 minutos de detención es razonable pero no 90, violaría la Cuarta enmienda de la Constitución, que protege a las personas contra detenciones arbitrarias”, afirmó en corte el juez federal.
 
 
La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, firmó la SB20 después de su aprobación en las dos cámaras legislativas de Carolina del Sur el pasado 27 de junio de 2011, convirtiéndola en una de las leyes antiinmigrantes más severas del país.
 
 
La mayor diferencia con respecto a las otras leyes antiinmigrantes como la de Alabama, Arizona y Georgia, es que la de Carolina del Sur incluye la creación de una Unidad Estatal del Cumplimiento de las Leyes de Inmigración, una especie de policía local para detener a indocumentados.
 
 
La unidad comenzó a operar el pasado mes de junio y Haley la ha considerado “exitosa”, aunque los siete agentes que la conforman no tienen autoridad para cuestionar la presencia legal de un inmigrante.
La decisión de hoy también aclara que sólo el Gobierno federal tiene la autoridad de permitir la detención y traslado de un indocumentado a un centro de inmigración.
 
 
“Estas son buenas y malas noticias”, declaró hoy por su parte a Efe Roberto Belén, uno de los demandantes de la SB20.
 
 
“Es una victoria, porque se mantienen bloqueadas las previsiones más dañinas, se aclara que el Gobierno federal es el único que hace cumplir las leyes de inmigración y no los estados, pero ahora se abre la opción para cometerse actos de perfil racial contra nuestra gente”, apuntó el puertorriqueño.
 
 
Al respecto, el también líder comunitario comentó que las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes preparan la documentación para presentar al mismo juez Gergel casos específicos en Carolina del Sur de violación a los derechos civiles.
 
 
“Ya se han presentado situaciones a nivel nacional de detenciones injustas, inclusive de ciudadanos estadounidenses, y estamos seguros que lo mismo sucederá en este estado”, apuntó.
 
 
Cerca de 55.000 indocumentados residen en Carolina del Sur, según cifras del Centro Pew, uno de los estados que presentó mayor aumento de la comunidad hispana los últimos dos años.
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