El presidente de la Cámara de Representantes John Boehner calificó el reglamento inconstitucional.

Foto: AP

WASHINGTON, D.C.- Un nuevo reglamento de servicios preventivos, ha desatado una guerra entre la iglesia y el gobierno en Estados Unidos. Grupos católicos insisten en que el mandato está violando sus derechos fundamentales de conciencia. La regulación es parte de los cambios generados por la reforma sanitaria y será implementada en 2013.

El 20 de enero, el Departamento de Salud anunció que las pólizas de seguro médico deben cubrir servicios anticonceptivos, sin cobrar co pago. Asimismo, estableció una excepción a los empleadores que tienen como misión primordial promover la religión, como las iglesias.

Esto ha dibujado una delgada línea gris respecto a quienes realmente estarían sujetos a esta nueva regla. Por definición las congregaciones estarían eximidas, pero universidades, centros de salud administrados por comunidades católicas, escuelas, entre otros, podrían verse obligados a cambiar su política, bajo ciertas circunstancias.

Funcionarios de la Administración enfatizaron ayer, que "la regulación es consistente con la cláusula de conciencia. Esto no está centrado en los proveedores de servicios, sino en el acceso que tengan las mujeres a tratamiento preventivo", dijeron.

Sin embargo, al ser consultados sobre si la regla afectará a universidades y escuelas, explicaron que eso "dependerá" de cuál sea su misión primordial: educar o evangelizar. En el primer caso, los empleadores sí se verían obligados a proveer servicios anticonceptivos en sus planes de salud. De lo contrario podrían enfrentar multas de hasta 2 mil dólares, por cada trabajador afectado.

"Acá existe un problema mayor. Esta es una violación de la primera enmienda. Ellos están tratando de enmarcar esto como un tema de contracepción, cuando es un ataque a la primera enmienda", insistió Mary Ann Walsh a La Opinión, vocera de la Conferencia de Obispos Católicos de EEUU.

"Tienen esta limitada excepción, en que definen un ministerio, como el servicio de los miembros de tu congregación. Pero los católicos sirven a todo quien lo necesita. En nuestros hospitales, en nuestras escuelas, agencias de servicios sociales. Le están diciendo a los católicos que a menos que operen en contra de su fe, serán castigados", agregó.

Actualmente, la Iglesia sólo aprueba la abstinencia y el método de planeamiento natural , como las técnicas apropiadas para el control de la natalidad.

De acuerdo a los datos de Pew Forum on Religion, un 68% de los hispanos en Estados Unidos son Católicos. El último censo cuantificó a 50 millones de latinos en el país.

Grupos en pro de los derechos de la mujer, han salido a defender la medida.

Organizaciones como NARAL Pro-Choice America, la describieron como "un paso firme en contra de los intensos esfuerzos de cabildeo de organizaciones que se oponen al control de la natalidad".

El presidente de la Cámara de Representantes John Boehner (R-OH) calificó el reglamento ayer, como "inconstitucional".

Altos funcionarios del gobierno dijeron que se le dio "una consideración muy cuidadosa a las nuevas regulaciones y creemos que entregan un balance apropiado".

"Los católicos en general están en pie de guerra y preguntando qué pueden hacer contra esto. Lo que se les ha explicado es que hay algunos esfuerzos legislativos para la protección de conciencia, y en este punto es importante respaldarlos, si están preocupados por este tema", aseguró Walsh.

Descansando en los comités del Congreso desde 2011, está el proyecto de ley de Respeto a los Derechos de Conciencia (H.R. 1179, S. 1467). Esta medida asegurará que quienes participen en el sistema de atención de la salud "retengan el derecho de proporcionar, comprar o afiliarse a una cobertura de salud, que sea conforme a sus creencias religiosas y convicciones morales". Grupos católicos han dado su apoyo a la propuesta.

Por otra parte, tan sólo esta semana, el senador Marco Rubio (R-FL) presentó un proyecto de ley, en contra de las nuevas regulaciones. La iniciativa está diseñada para revocar los límites de la excepción incluida en la reglamentación.