|
MÉXICO, D.F.- El estado de Chiapas aprobó la primera ley en el país que obliga a un gobierno local a responsabilizarse por el destino de los desplazados y que podría ser un punto de referencia para otras entidades, donde se ha multiplicado el desarraigo forzado por la violencia relacionada al crimen organizado.
La nueva Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en Chiapas -donde se calcula más de 25,000-, impulsada por el gobernador Juan Sabines y organizaciones civiles y aprobada por unanimidad en el Congreso local responde así a denuncias sobre la violación de derechos humanos de los grupos más vulnerables como son indígenas y campesinos.
Define el concepto de desplazados de forma inédita en una legislación a pesar de según cálculos extraoficiales como el de la encuestadora Parametría, en los últimos cinco años han sido obligados a salir de su lugar de residencia alrededor de 1,648,387 personas en México."El nuevo marco jurídico contempla los más altos estándares de protección a los derechos humanos de la población desplazada, y tiene como propósito establecer las bases para prevenir el desplazamiento interno", opinaron agencias de la ONU como PNUD que fueron parte en el proyecto.
Ramón Martínez, director de la organización no gubernamental Foro para el Desarrollo Sustentable, quien también fue partícipe, observó en entrevista telefónica que aún cuando se matizaron las causales para el desplazamiento por conflictos armados, la ley es un precedente a nivel del país.
"Le pone el cascabel al gato y sabemos que falta una cultura política sólida para hacer algo similar a nivel federal, pero apostamos a que se pueda lograr en las legislaciones estatales algo similar", dijo.
El primer registro de desplazamiento masivo en Chiapas que tiene documentado el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), una de las organizaciones civiles más importantes de la región, data de 1974: 161 personas en el pueblo de San Juan Chamula.
Entonces fueron señaladas como desplazados por asuntos religiosos, pero los afectados denunciaron durante años que se trató de una expulsión política, donde el gobierno tuvo un papel activo como agresor a través de grupos paramilitares. Este perfil del conflicto se agudizó en 1994 cuando alrededor de 20,000 personas simpatizantes del guerrillero Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) fueron expulsados de sus comunidades.
"Nos reservamos una opinión hasta que no veamos que la ley sirva porque estamos cansados de decretos que en los hechos nunca se aplican", dijo Matus Gubidcha, vocero de Frayba.
"Los problemas de los desplazados es más de origen y tiene que ver con la falta de respeto a la libre determinación de los pueblos y un abuso de poder".
El articulado de la ley busca prevenir los desplazamientos forzados obligando al Estado a dar protección ante prácticas que alteren la composición étnica, política, racial, religiosa o social de la población afectada, a menos que la seguridad y la salud de las personas afectadas lo requieran.
Además, la autoridad deberá informar sobre las causas y razones que dan origen al desplazamiento; los procedimientos para llevarse a cabo; la zona del reasentamiento de la población desplazada y la indemnización a otorgar en virtud de los daños originados.
23 Opinan
